Con base en la evidencia del INDEP 2022, GESOC hace cinco llamados a la Cámara de Diputados para dotar de mayor racionalidad a las asignaciones presupuestales de los programas y acciones federales de desarrollo social, fortalecer su transparencia y rendición de cuentas y orientar las asignaciones presupuestarias hacia las carencias sociales más apremiantes:

Endurecer las medidas de transparencia y rendición de cuentas en el Decreto de Presupuesto 2023 a los trece programas que no provee la información mínima necesaria para estimar su desempeño y para el cual el Ejecutivo propone una asignación presupuestaria para 2023 de $155 mil 735 millones de pesos.

Blindar los niveles de presupuesto asignados a los 6 programas presupuestarios que obtuvieron un Nivel de Desempeño Óptimo y para los que el Ejecutivo propone una asignación presupuestaria conjunta en 2023 de $684 mil 239 millones de pesos.

En términos presupuestarios, estos programas se caracterizan por haber alcanzado un Nivel Óptimo de Desempeño bajo sus actuales condiciones de implementación y presupuestales. Por lo tanto, se recomienda preservarlas. Esto significa incrementos presupuestales en proporción al crecimiento de su población potencialmente beneficiaria. Cualquier incremento superior a dicho criterio es también un uso ineficiente de recursos públicos y deberá valorarse su pertinencia en términos de sostenibilidad presupuestaria hacia el futuro (en particular en el caso del programa “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”).

Priorizar en los incrementos presupuestarios a los 4 programas que poseen un Alto Potencial de Desempeño y para los cuales el Ejecutivo propone una asignación presupuestaria conjunta para 2023 de 143 mil 784 millones de pesos.

Para este conjunto de 4 programas se recomienda un incremento significativo en su presupuesto, pues cada peso invertido en ellos será una inversión social justificada, en tanto que, son los programas con mayor potencial para resolver el problema público que atienden si incrementan de forma significativa la cobertura de su población potencialmente beneficiaria.

No incrementar el presupuesto a programas con escaso desempeño y exigir una agenda de mejora sustantiva pública, precisa y monitoreable de estos programas.

La evidencia del INDEP 2022 muestra que existen 30 programas que poseen Nivel de Desempeño Mejorable y Escaso, para los cuales el Ejecutivo propone para el ejercicio fiscal 2023, una asignación presupuestaria conjunta por $144 mil 419 millones de pesos. Estos programas son idóneos para que el Congreso condicione su asignación presupuestal (aún sin incrementos) a una agenda de mejora sustantiva para alcanzar niveles aceptables en su desempeño. Dicha agenda debe ser pública, incluir acciones concretas y con tiempos de implementación y reporte de avances precisos, de tal forma que se facilite su monitoreo por parte del propio Congreso y de las organizaciones de sociedad civil interesadas.

La administración federal 2019–2024, debe plantear una revisión integral de la política social para evitar los actuales niveles de dispersión.

22 de los 80 programas se ubicaron en la categoría de “Dispersión de la Política Social” del gobierno federal; su aprobación presupuestaria para el ejercicio fiscal 2022, fue de $174 mil 225 millones, y se propone para el 2023 una asignación de $175 mil 633 millones de pesos. Sin duda, es indispensable que se haga una revisión integral sobre el desempeño que muestra la baja capacidad de estos programas para contribuir de forma sustantiva a la resolución del problema público que les dio origen. El Congreso debe hacer un llamado al Ejecutivo Federal para realizar un análisis con base en evidencia de su política social, que identifique prioridades claras y determine, en su caso, cuáles de estos programas recibirán un incremento presupuestal sustantivo para aumentar significativamente su cobertura, y cuáles de ellos deberían integrarse a otros programas ya existentes, sobre todo a aquellos programas que puedan tener un efecto significativo en la atención de los efectos económicos, sociales y de salud en la población con mayores carencias profundizadas por la contingencia del COVID-19.