Con base en la evidencia del INDEP 2020, GESOC hace ocho llamados a la Cámara de Diputados para dotar de mayor racionalidad a las asignaciones presupuestales de los programas y acciones federales de desarrollo social, fortalecer su transparencia y rendición de cuentas y orientar las asignaciones presupuestarias hacia las carencias sociales más apremiantes:

Endurecer las medidas de transparencia y rendición de cuentas en el Decreto de Presupuesto 2021 a los 3 programas presupuestarios (Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes de la SS; Investigación en Cambio Climático, sustentabilidad y crecimiento verde de la SEMARNAT; Apoyos a centros y organizaciones de educación de la SEP) que no proveen la información mínima necesaria para estimar su desempeño y para los cuales el Ejecutivo propone una asignación presupuestaria conjunta para el año 2021 de 4 mil 546 millones de pesos.

Al aprobar el presupuesto de un programa, los diputados se convierten en corresponsables de su desempeño. En el Presupuesto de Egresos 2020, el Ejecutivo Federal le asignó 4 mil 263 millones de pesos (0.44% del total del presupuesto aprobado para los programas y acciones federales de desarrollo social para el ejercicio fiscal 2020) a programas que, de acuerdo con los resultados del INDEP, presentan graves problemas de opacidad. Para evitar que se siga asignando el presupuesto a ciegas, la Cámara de Diputados está obligada a introducir candados de transparencia y rendición de cuentas en el Decreto de Presupuesto 2021 a los 3 programas presupuestarios que actualmente presentan esta condición.

Blindar los niveles de presupuesto asignados a los 9 programas presupuestarios que obtuvieron un Nivel de Desempeño Óptimo y para los que el Ejecutivo propone una asignación presupuestaria conjunta en 2021 de 168 mil 123 millones de pesos

En términos presupuestarios, estos programas se caracterizan por haber alcanzado un Nivel Óptimo de Desempeño bajo sus actuales condiciones de implementación y presupuestales. Por lo tanto, se recomienda preservarlas. Esto significa incrementos presupuestales en proporción al crecimiento de su población potencialmente beneficiaria. Cualquier incremento superior a dicho criterio es también un uso ineficiente de recursos públicos. Igualmente, cualquier recorte al presupuesto de alguno de los programas que integran esta categoría, puede minar su desempeño durante el siguiente ejercicio fiscal.

Priorizar en los incrementos presupuestarios a los 8 programas que poseen un Alto Potencial de Desempeño y para los cuales el Ejecutivo propone una asignación presupuestaria conjunta para 2021 de 120 mil 874 millones de pesos.

Para este conjunto de 8 programas se recomienda un incremento significativo en su presupuesto, pues cada peso invertido en ellos será una inversión social justificada, en tanto que, son los programas con mayor potencial para resolver el problema público que atienden si incrementan de forma significativa la cobertura de su población potencialmente beneficiaria.

. No incrementar el presupuesto a programas con medio/bajo/escaso desempeño y exigir una agenda de mejora sustantiva pública, precisa y monitoreable de estos programas

La evidencia del INDEP 2020 muestra que existen 57 programas que poseen Niveles de Desempeño Mejorable y Escaso, para los cuales el Ejecutivo propone para el ejercicio fiscal 2021, una asignación presupuestaria conjunta por 551 mil 947 millones de pesos. Estos programas son idóneos para que el Congreso condicione su asignación presupuestal (aún sin incrementos) a una agenda de mejora sustantiva para alcanzar niveles aceptables en su desempeño. Dicha agenda debe ser pública, incluir acciones concretas y con tiempos de implementación y reporte de avances precisos, de tal forma que se facilite su monitoreo por parte del propio Congreso y de las organizaciones de sociedad civil interesadas.

La administración federal 2019 – 2024, debe plantear una revisión integral de la política social para evitar los actuales niveles de dispersión.

32 de los 116 (27.6%) programas se ubicaron en la categoría de “Dispersión de la Política Social” del gobierno federal; su aprobación presupuestaria para el ejercicio fiscal 2020, fue de $106 mil 236 millones, y se propone para el 2021 una asignación de $103 mil 039 millones de pesos. Sin duda, es indispensable que se haga una revisión integral sobre el desempeño que muestra la baja capacidad de estos programas para contribuir de forma sustantiva a la resolución del problema público que les dio origen. El Congreso debe hacer un llamado al Ejecutivo Federal para realizar un análisis con base en evidencia de su política social, que identifique prioridades claras y determine, en su caso, cuáles de estos programas recibirán un incremento presupuestal sustantivo para aumentar significativamente su cobertura, y cuáles de ellos deberían integrarse a otros programas ya existentes, sobre todo a aquellos programas que puedan tener un efecto significativo en la atención de los efectos económicos, sociales y de salud en la población con mayores carencias profundizadas por la contingencia del COVID-19.

Generar un mecanismo de seguimiento específico para los programas sociales prioritarios de la actual administración.

Con base en la evidencia del INDEP 2020 se muestra que, en el año 2020, los 17 programas prioritarios de la actual administración federal contaron con un presupuesto aprobado de 288 mil 913 millones de pesos que equivale al 29.6% de los programas evaluados por el INDEP y a los que se propone un aumento de 8 mil 926 millones de pesos para 2021. Sin embargo, resalta que sólo 2 de los 17 programas mostraron un desempeño destacado (Cultura Comunitaria [sin presupuesto propuesto en el PPEF 2021] y Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores), mientras que 14 mostraron un desempeño deficiente y uno más fue catalogado como opaco. Debido al carácter prioritario y a la gran proporción de recursos públicos involucrados en su implementación, es necesario generar un instrumento abierto para el seguimiento específico del ejercicio de recursos públicos, cobertura, consecución de metas y ajustes en el diseño y procesos operativos de estos programas a la luz de las recomendaciones realizadas en las Evaluaciones de Diseño con Trabajo de Campo publicadas por CONEVAL.

Monitorear el desarrollo de la implementación de los programas de Salud que sustituyen al Seguro Popular y que serán ejecutados por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

Para el ejercicio fiscal 2021 los programas de la Secretaría de Salud Federal, Atención a la salud ($44,779,058,663.00) y Atención a la Salud y Medicamentos ($74,766,713,112.00) se propone que cuenten con un presupuesto en 2021 superior en conjunto al del extinto Seguro Popular (47 mil millones de pesos más). Sin embargo, es necesario que mantengan como mínimo el desempeño adecuado que había mostrado el programa Seguro Popular, y además, que se atiendan las áreas de oportunidad que presentan para obtener mejores resultados y contribuir a la resolución del problema público que le dio origen. Para verificar lo anterior, es pertinente un monitoreo continuo, pormenorizado y abierto, donde se informen con prontitud los avances en su implementación por parte del Ejecutivo Federal hacia el Poder Legislativo y la ciudadanía.

Vigilar el cumplimiento del mandato presupuestario del Legislativo

Es indispensable que las asignaciones presupuestarias que hace el Legislativo sean respetadas y acatadas por el Ejecutivo. En el año 2019 se identificaron modificaciones y eliminación de presupuesto a programas aprobados por la Cámara de Diputados en el PEF 2019, sin embargo, el Poder Ejecutivo, desde un uso discrecional de sus funciones, decidió realizar adecuaciones presupuestarias que vulneraron a los beneficiarios de dichos programas, debido a que dichos programas vieron afectada su operación ante la disminución o ausencia de recursos públicos.

Conclusiones

A partir de la revisión de la evidencia derivada del INDEP 2020 se desprende lo siguiente:

a. En lo que respecta al tipo de intervenciones públicas de esta nueva administración 2019 - 2024, existe un fuerte énfasis hacia las transferencias monetarias directas hacia la población, en términos programáticos se identificaron 13 programas con un presupuesto aprobado para 2020 de $287 mil 444 millones de pesos, es decir, el 29.42% del presupuesto aprobado para los programas de desarrollo social federal evaluados por el INDEP 2020

b. Con respecto a la comparativa entre el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto (2013) y el primer año de gestión de Andrés Manuel López Obrador (2019), se identifica que la calificación promedio de los 182 programas evaluados en el ejercicio fiscal 2013 fue de 68.7, mientras que la calificación promedio de los 116 programas evaluados en el primer año de gestión de AMLO es 9.4 puntos inferior (59.3).

c. En términos de la transparencia de programas y recursos públicos entre las mediciones mencionadas en el inciso anterior destaca que, mientras que en el INDEP 2014 se identificaron 63 programas, con un presupuesto aprobado de $41 mil 418 millones de pesos, en el INDEP 2020 sólo se identificaron 10 programas con un presupuesto aprobado de 4 mil 263 millones de pesos, que se implementaron en condiciones de opacidad.

d. En relación con el nivel de desempeño de los programas y acciones federales de desarrollo social se identifica que presentan una condición similar entre la pasada administración y la actual pues mientras que, con base en el INDEP 2014, 77.5% de los programas (141 de 182) mostraron un pobre desempeño o implementarse en condiciones de opacidad, de acuerdo con el INDEP 2020 un 85.3% (99 de 116) presentan condiciones similares de bajo desempeño y en menor medida, opacidad.

e. Finalmente, en lo que respecta a la actual coyuntura sanitaria, económica y social provocada por la COVID-19, es relevante resaltar que la propuesta del Ejecutivo Federal para 2021 considera una disminución presupuestaria de menos 28 mil 300 millones de pesos a los programas evaluados, con una mayor proporción en aquellos programas cuyo nivel de desempeño fue Óptimo en menos 27.62%.