Con base en la evidencia del INDEP 2021, GESOC hace seis llamados a la Cámara de Diputados para dotar de mayor racionalidad a las asignaciones presupuestales de los programas y acciones federales de desarrollo social, fortalecer su transparencia y rendición de cuentas y orientar las asignaciones presupuestarias hacia las carencias sociales más apremiantes:

Vigilar el cumplimiento del mandato presupuestario del Legislativo

Es indispensable que las asignaciones presupuestarias que hace el Legislativo sean respetadas y acatadas por el Ejecutivo. En el año 2020 se identificaron modificaciones y eliminación de presupuesto a programas aprobados por la Cámara de Diputados en el PEF 2020, sin embargo, el Poder Ejecutivo, desde un uso discrecional de sus funciones, decidió realizar adecuaciones presupuestarias que vulneraron a los beneficiarios de dichos programas, debido a que dichos programas vieron afectada su operación ante la disminución o ausencia de recursos públicos. En situaciones tan apremiantes como la experimentada a causa de la contingencia sanitaria derivada de la COVID-19, si bien son necesarias adecuaciones al presupuesto público, éstas no deben ser realizadas de forma unilateral y sin revisión por parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Endurecer las medidas de transparencia y rendición de cuentas en el Decreto de Presupuesto 2021 al programa “Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez de la SEP” que no provee la información mínima necesaria para estimar su desempeño y para el cual el Ejecutivo propone una asignación presupuestaria de $34 mil 499 millones de pesos

Blindar los niveles de presupuesto asignados a los 7 programas presupuestarios que obtuvieron un Nivel de Desempeño Óptimo y para los que el Ejecutivo propone una asignación presupuestaria conjunta en 2022 de 283 mil 045 millones de pesos.

En términos presupuestarios, estos programas se caracterizan por haber alcanzado un Nivel Óptimo de Desempeño bajo sus actuales condiciones de implementación y presupuestales. Por lo tanto, se recomienda preservarlas. Esto significa incrementos presupuestales en proporción al crecimiento de su población potencialmente beneficiaria. Cualquier incremento superior a dicho criterio es también un uso ineficiente de recursos públicos y deberá valorarse su pertinencia en términos de sostenibilidad presupuestaria hacia el futuro (en particular en el caso del programa “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”).

Priorizar en los incrementos presupuestarios a los 5 programas que poseen un Alto Potencial de Desempeño y para los cuales el Ejecutivo propone una asignación presupuestaria conjunta para 2022 de 123 mil 269 millones de pesos

Para este conjunto de 8 programas se recomienda un incremento significativo en su presupuesto, pues cada peso invertido en ellos será una inversión social justificada, en tanto que, son los programas con mayor potencial para resolver el problema público que atienden si incrementan de forma significativa la cobertura de su población potencialmente beneficiaria.

No incrementar el presupuesto a programas con escaso desempeño y exigir una agenda de mejora sustantiva pública, precisa y monitoreable de estos programas

La evidencia del INDEP 2021 muestra que existen 40 programas que poseen Nivel de Desempeño Escaso, para los cuales el Ejecutivo propone para el ejercicio fiscal 2022, una asignación presupuestaria conjunta por $506 mil 051 millones de pesos. Estos programas son idóneos para que el Congreso condicione su asignación presupuestal (aún sin incrementos) a una agenda de mejora sustantiva para alcanzar niveles aceptables en su desempeño. Dicha agenda debe ser pública, incluir acciones concretas y con tiempos de implementación y reporte de avances precisos, de tal forma que se facilite su monitoreo por parte del propio Congreso y de las organizaciones de sociedad civil interesadas.

La administración federal 2018–2024, debe plantear una revisión integral de la política social para evitar los actuales niveles de dispersión

23 de los 96 programas se ubicaron en la categoría de “Dispersión de la Política Social” del gobierno federal; su aprobación presupuestaria para el ejercicio fiscal 2021, fue de $120 mil 567 millones, y se propone para el 2022 una asignación de $136 mil 684 millones de pesos. Sin duda, es indispensable que se haga una revisión integral sobre el desempeño que muestra la baja capacidad de estos programas para contribuir de forma sustantiva a la resolución del problema público que les dio origen. El Congreso debe hacer un llamado al Ejecutivo Federal para realizar un análisis con base en evidencia de su política social, que identifique prioridades claras y determine, en su caso, cuáles de estos programas recibirán un incremento presupuestal sustantivo para aumentar significativamente su cobertura, y cuáles de ellos deberían integrarse a otros programas ya existentes, sobre todo a aquellos programas que puedan tener un efecto significativo en la atención de los efectos económicos, sociales y de salud en la población con mayores carencias profundizadas por la contingencia del COVID-19.

Conclusiones

A partir de la revisión de la evidencia derivada del INDEP 2021 se desprende lo siguiente:

En los dos primeros años de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador se identifica que el porcentaje de programas que están contribuyendo a la resolución del problema público que les dio origen es de apenas el 15.1%, mientras que el restante 84.9% de los programas y acciones federales de desarrollo social evaluados por el INDEP muestran problemas de desempeño u opacidad.

En términos de la transparencia de programas y recursos públicos es importante destacar que se identificó una reducción del número de programas considerados como opacos, pasando de 10 en la medición 2020 a sólo 2 en 2021.

Finalmente, en lo que respecta a la actual coyuntura sanitaria, económica y social provocada por la COVID-19, es relevante resaltar que la propuesta del Ejecutivo Federal para 2021 considera un aumento de recursos por $149 mil 402 millones de pesos a los programas evaluados, aunque $102 mil 352 millones corresponden sólo al programa “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”, mientras que para 24 programas se propone su eliminación para el 2022.